Traslados de penados o personas condenadas a sus países de origen para el cumplimiento de la condena en la ejecución de sentencias penales
En esta última tienen especial relevancia la aplicación del Principio de Legalidad, el Principio de Reciprocidad hacia el Estado requirente, el de doble incriminación ya que el hecho objeto del delito debe ser así considerado en ambos estados, el de no entrega de los nacionales, ni de los extranjeros que deban ser juzgados en España y el de no extradición por delitos de escasa gravedad. Esta ley define también los motivos de denegación obligatoria de extradición.
En esta última tienen especial relevancia la aplicación del Principio de Legalidad, el Principio de Reciprocidad hacia el Estado requirente, el de doble incriminación ya que el hecho objeto del delito debe ser así considerado en ambos estados, el de no entrega de los nacionales, ni de los extranjeros que deban ser juzgados en España y el de no extradición por delitos de escasa gravedad. Esta ley determine también los motivos de denegación obligatoria de extradición.
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La extradición activa se refiere al proceso por el cual el Estado español, a través de sus instituciones legales y judiciales, solicita formalmente a otro país la entrega de una persona que se encuentra en su territorio y que es requerida en España para ser procesada por un delito o para cumplir una condena impuesta por los tribunales españoles.
Nuestros abogados especialistas en extradiciones pueden asesorarle y asistirle durante todo el procedimiento de extradición en la fase administrativa y ante la Audiencia Nacional.
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Es importante señalar que la interpretación de lo que constituye un delito político puede generar controversia y dar lugar a diferentes criterios en cada país.
España también participa en varios convenios internacionales que tienen disposiciones relativas a la extradición, como el Convenio de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos, que incluyen a una amplia gama de países en todo el mundo.
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Cada uno de estos tratados y acuerdos establece las bases legales, así como los procedimientos y condiciones bajo las cuales se puede llevar a cabo la extradición, incluyendo garantías para proteger los derechos de las personas extraditadas.